12.04.2011

Audio de la sesión del Senado.

SEÑOR FERNÁNDEZ HUIDOBRO.- Señor Presidente: traía un discurso breve y escrito, pero no resisto una tentación que me sabrá disculpar. Aquí se ha dicho que la violencia en manos de los órganos del Estado es la legal y que la violencia en manos de quienes se levantan en armas contra el Estado es la ilegal. Estoy totalmente de acuerdo; dicho con todo respeto, esa es una verdad de perogrullo, salvo si los revolucionarios llegan a ganar, en cuyo caso, como en este mundo todo cambia, lo ilegal pasa a ser legal y lo legal, ilegal. En este momento, estamos festejando los doscientos años de un glorioso levantamiento armado. Dicho sea de paso, lo que dije antes pasó varias veces entre blancos y colorados, en sendos levantamientos armados, una vez unos, otra vez otros, determinando que la legalidad o la ilegalidad cambiara cada tanto. Pero como dije, estamos festejando los doscientos años de un importantísimo levantamiento armado.
Quiero aclarar que cuando los orientales se levantaron en armas, desde el punto de vista de la monarquía española estaban cometiendo una flagrante ilegalidad, no así los que reprimían. ¡Menos mal que ganamos, porque de no haber sido así hoy estaríamos festejando el Pacto de la Moncloa!

Una vez pasado este breve incidente, al que no pude resistir comentar, porque si bien no tiene nada que ver con el fondo, sí lo tiene con la historia y sus enseñanzas, voy a leer la prolija exposición que preparé sobre el tema que nos ocupa.
Brevemente, quiero comunicar dos cosas. La primera es que, como es bien sabido, vamos a votar por disciplina partidaria, y la segunda, que renunciaremos a este Senado.
Señor Presidente: la unidad de acción es un bien muy preciado y valioso como para no tenerla en cuenta, en especial en una fuerza política como el Frente Amplio. Nuestro voto está a entera disposición del Frente Amplio para garantizar así los derechos y la libertad de la mayoría, porque de vez en cuando conviene recordar que las mayorías también tienen derechos y les corresponde gozar de su libertad.
Con respecto a mi próxima renuncia al Senado quiero decir que no escapará a la fina percepción política del señor Presidente que no me queda otro camino. Eso también lo haré para garantizar mis derechos y, fundamentalmente, mi libertad, porque cuando se milita en orden de organización y en orden de pertenencia, se debe proceder de ese modo, y en lo personal, siempre milité de manera organizada y siempre pertenecí a algo. El particular rol que jugamos en esta historia nos obliga muy especial y personalmente. Cada ser humano es producto de su vida y la nuestra ha sido la que nos ha tocado vivir. Ello es un asunto intransferible, porque más allá de coincidencias o discrepancias jurídicas sobre el texto de un proyecto de ley, de lo que aquí se trata es de acatar el mandato popular o, en su defecto, llamarlo nuevamente en consulta.
Señor Presidente: nosotros no somos más que nadie, pero a nadie le damos la derecha en la lucha contra la ley de impunidad o contra la impunidad sin más, incluso sin ley. Igual que nosotros en esa lucha, todos; más que nosotros, nadie.
En 1984, nuestra histórica corriente política votó –el señor Presidente lo recordará– como hoy, en franca y total minoría dentro del Frente Amplio, contra el Pacto del Club Naval –a mi izquierda hay un compañero que protagonizó esas peleas en nombre de todos nosotros– y acatamos la mayoría.
En 1986 fuimos de los primeros en convocar a juntar firmas contra la ley de impunidad; pusimos en ello todas nuestras energías y nuestros máximos recursos materiales. Ante aquella burda amenaza que todos recordarán, escupida a través de los grandes medios de prensa por la pregunta “Y, ¿después qué?”, y ante la feroz campaña en el sentido de que nosotros no acataríamos el resultado si nos resultaba adverso –cuando digo “nosotros” me refiero concretamente a los tupamaros–, miles de veces en actos públicos realizados a lo largo y ancho del país, como así también en innumerables salidas a la prensa de todo tipo, dijimos que íbamos a acatar. Esto fue dicho también puerta a puerta a los vecinos y vecinas, cuando les fuimos a pedir la firma y luego el voto.
Finalmente, en materia de castigo contra los violadores de los derechos humanos, tampoco le damos la derecha a nadie. Y por más que resulte ocioso, corresponde recordar que nosotros no estuvimos presos por estacionar mal la motocicleta. Debido a eso y por eso, contra todo lo que se dijo acá, nosotros –unos cuarenta compañeros y compañeras– jamás fuimos amnistiados. La Ley de Pacificación Nacional –como se denominó– ordenó recontraprocesarnos, es decir, más de lo que lo habíamos sido. En lo personal, pude salir en libertad porque, con una tasa de cambio que registraba bastante atraso cambiario, me computaron tres a uno por año preso, aunque en realidad merecía un diez a uno. Podría decir que en aquel entonces había un atraso cambiario penal. Aun así, cuando la Justicia civil me volvió a reprocesar siendo declarado culpable, me quedó debiendo, porque me sobraban años; tengo una tarjeta de crédito penal a disposición, aunque no sé de qué banco. Muchos son los compañeros y las compañeras que se encuentran en la misma situación, que nunca fueron amnistiados, porque la Justicia militar –que todos sabemos que es a la Justicia lo que la música militar es a la música– nos acusó de haber cometido delitos de sangre. Por su parte, al ser declarados inocentes otros compañeros, se creó una perplejidad jurídica muy honda, porque además de computarles los tres años por uno, eran inocentes. Podría decir que varios compañeros fueron declarados inocentes después de haberse comido quince años de cárcel que, multiplicados por tres, eran cuarenta y cinco.
Las discrepancias con el texto del presente proyecto de ley son esencialmente jurídicas, y si bien refieren a cuestiones de fondo, a los compañeros de la Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad, nos llevan a sentir un gran temor por el hecho de que, por sus defectos, este proyecto de ley, transformado en ley, no cumpla con lo que se espera ni con las expectativas que se han creado. No obstante ello, nuestra principalísima discrepancia es con el hecho de no convocar al pueblo, sea cual sea el texto y más allá de las discusiones jurídicas que son muy importantes. A nuestro juicio, es ineludible convocar al pueblo.
Hace cinco meses se reunió la Dirección Nacional de la Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad, y en su punto 4) resolvió: “Reiterar que la solución jurídica y política a este tema debe necesariamente respetar nuestra Constitución y los Principios de nuestro Ordenamiento Jurídico y a la vez ser avalada indefectiblemente por un pronunciamiento popular de Democracia Directa”.
La Corte Internacional de Justicia estuvo y está en su pleno derecho, en su sano juicio y en su órbita específica, y el Parlamento también lo está. Pero el pueblo, al que convocamos tantas veces, también estuvo y está en su pleno derecho, en su sano juicio y en su órbita específica, que es la de la soberanía suprema. Es más, en este Parlamento, ámbito esencialmente político, en el que se tratan asuntos eminentemente políticos, a nuestro juicio resulta imposible no referir a la soberanía popular directa, que no contradice en absoluto las decisiones de cualquiera de los tres Poderes del Estado. Y, en el supuesto caso de que lo hiciera, mostraría una foto de la realidad a la que tampoco debemos escapar. Creemos que más contradictoria es la Corte Internacional de Justicia, que hace un tiempo determinó que la Ley era constitucional y luego dice que es inconstitucional. Los que no somos juristas –aunque yo estoy por recibirme de Abogado– no entendemos esos cambios, pero así está organizado el Poder Judicial. Se ha dicho que hay delitos que no se pueden plebiscitar; si era así no debimos haber llamado a dos referéndum o a un referéndum y a un plebiscito. Si lo hicimos dos veces, no vemos por qué no hacerlo otra vez y argumentar eso mismo ante la conciencia de la gente.
Se alega que la Suprema Corte de Justicia dijo que la Ley de Caducidad era inconstitucional; entonces, con más razón pongamos ese formidable argumento en manos de la gente para su debida consideración. ¿Cuál es el problema? Lo mismo podríamos decir respecto de todo lo que se ha alegado en contra de consultar al pueblo. En suma, sea lo que sea y con los argumentos que se utilicen, hay que llamar a la gente, según nuestro humilde leal saber y entender.
Se dice dentro de nuestra fuerza política –y con razón– que hay que acatar el mandato de la mayoría y como creemos que es así, lo estamos acatando y votaremos por disciplina partidaria. Pero la voluntad del pueblo fue mayoría dos veces y es la suprema mayoría; en ese caso, no tenemos estatuto que nos proteja, no podemos ni debemos pedir libertad de acción. Caemos, entonces, en una muy honda y flagrante contradicción. Este instrumento fue vital en el país y nada menos que con él vencimos a la dictadura. En el plebiscito de 1980 las condiciones eran más que duras, eran bravísimas, pero las aceptamos y ganamos. Por tanto, ahora no vale argumentar otras cosas. Luego pasamos por otras muchas instancias de democracia directa, juntamos o no llegamos a juntar las firmas necesarias, nos fue bien o nos fue mal, pero luchamos. Cuando juntamos las firmas y logramos convocar, a veces perdimos y otras ganamos, pero siempre acatamos. Quiero decir que siempre que perdí pensé que era el pueblo el que se equivocaba, y comparto lo que se ha manifestado acá en el sentido de que, en general, siempre se piensa eso, pero la legitimidad proviene de lo que deciden las mayorías.
Hoy pienso que la mayoría del Frente Amplio se está equivocando y lo siento en el corazón y en la conciencia, pero acato la legalidad vigente. Mañana mismo –no dentro de un tiempo– este Gobierno, este Parlamento o este pueblo puede necesitar vitalmente el mismo instrumento que hoy estamos desacreditando. Insisto, puede suceder mañana mismo y no dentro de un largo tiempo. Luego de tres históricas victorias electorales, la de 1989, la de 2004 y la de 2009 –para cuya conquista nos basamos puramente en el veredicto popular–, este viraje es un gravísimo error, y lo decimos con el mayor respeto para con todo el Frente Amplio y sin desmedro del afecto y del compañerismo; lo decimos sintiendo el deber y la responsabilidad de alertar a los compañeros y compañeras sobre un irreparable error, que tendrá graves consecuencias.
Nos vamos de esta Casa, señor Presidente, a multiplicar nuestra militancia, pero no sin antes decir –no quiero entrar en el tema porque daría para un debate profundo– que en lo personal no aceptamos pacíficamente –para nada– la intromisión de tribunales extraterritoriales en nuestros asuntos internos, como tampoco el humanismo militar de occidente, que últimamente ha invadido y agredido a todos los países en nombre de los derechos humanos. No vamos a afilar el cuchillo que nos puede degollar, ni le vamos a pasar sebo a la soga con la que nos van a ahorcar, pero ese es otro tema. No compartimos la política de derechos humanos inventada por el Gobierno de los Estados Unidos y financiada por la Fundación Ford, que solo juzga los hechos y no los contextos. Por ejemplo, hoy juzga a Uruguay solo por los hechos y no por los contextos. No aceptamos pacíficamente eso, ni lo vamos a aceptar. Queremos alertar y dar un debate dentro de la izquierda uruguaya contra ese peligro que se vislumbra en el horizonte. Podemos hablar de Kosovo, Panamá, Irak, Afganistán y hoy de Libia, y siempre es por los derechos humanos; estamos en la era del imperialismo benevolente y humanitario. Sabemos que es un cuento y sabemos lo que valen los derechos humanos; no comamos bombones revestidos de chocolate que lo único que tienen o pueden tener dentro es una trampa.
Como dije, nos vamos de esta Casa a multiplicar nuestra militancia, sin el más mínimo retaceo para apoyar al Frente Amplio y al compañero Mujica. Nos iremos reconociendo en el Parlamento a la institución más importante del país y también a la más vil y fácilmente atacada, y a la más inerme de todas. Nos vamos a seguir la militancia que hemos venido realizando a lo largo de toda la vida, pues sobran lugares, situaciones y razones para ello.
Señor Presidente: no le entrego en este momento la carta que debo hacerle llegar con mi renuncia, porque antes deseo presentarla ante mis compañeros de la Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad y ante mi Presidente Mujica. En pocos días, salvando la proverbial Semana Santa y obtenida la venia ineludible, daré paso a dicha formalidad.
Muchas gracias.


 

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